Así lo ha desvelado el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha dicho que las diligencias --que Anticorrupción abrió el pasado 28 de mayo-- se ordenaron ante "la concreción de determinadas situaciones en el proceso de constitución de Bankia que aparentemente pudieran dar lugar a algún indicio que permitiera investigar los hechos delictivos".
El fiscal general reconoce que "existe una demanda social para que las actividades (de las entidades bancarias) sean investigadas", pero añade que "aunque no hubiera una demanda social", el asunto "merece dicha investigación". La investigación de la fiscalía es anterior a la presentación de demandas por parte de particulares centradas en las actividades societarias de Bankia, aunque la interposición de esas denuncias ha obligado al Ministerio Público a remitir al juzgado que las tramita todas las diligencias practicadas hasta ahora, consistentes básicamente en la petición de documentación.
"Hemos trasladado esas peticiones al juzgado para que (...) sepa cuál es la línea deinvestigación que proponemos nosotros", ha señalado Torres-Dulce, que ha considerado "prematuro" concretar los posibles delitos que se investigan porque "la situación propia de las entidades y la situación financiera y económica del país" aconseja ser "realmente prudentes". Será el examen de la documentación que realicen los peritos --tanto de la Administración como de Anticorrupción-- el que permita determinar "si los hechos son constitutivos de delito y en ese caso seguir adelante, en cuyo caso pasaríamos a pruebas testificales o, en su caso, si procediera, de imputación: citar como imputada a alguna persona".
Para ello, insiste, es "imprescindible" la colaboración de las entidades investigadas y la documentación que obra en poder del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El proceso de constitución de Bankia se remonta a primeros del 2011, cuando se produjo la fusión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades --Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja--, dando lugar al grupo presidido entonces por Rodrigo Rato, que finalmente pidió ser nacionalizado el pasado 9 de mayo.
De momento, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid tramita una querella del colectivo Manos Limpias contra Rato y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ante "la posible existencia de una infracción penal" en su gestión y ha pedido a la Fiscalía que le informe de si debe o no admitirla a trámite. Además, grupos de pequeños accionistas preparan acciones legales contra los gestores de la entidad, mientras que el movimiento del 15-M ha anunciado este miércoles que ya ha recaudado el dinero necesario para presentar una querella contra Rato, que se interpondrá el próximo día 14.
