"No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.
Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia.
Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea). El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.
"Si alguna entidad por los mecanismos de mercado no llega a cubrir esas necesidades y se considera que su liquidación podría tener un impacto sistémico en la economía española ahí habría intervención pública, con condiciones muy estrictas", han explicado las fuentes consultadas.
La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán".
Bruselas cree que pude haber actores en el mercado, tanto nacionales como internacionales, interesados en adquirir activos en el mercado bancario español. Aunque en estos momentos ninguna operación puede considerarse libre de riesgo, "hay inversiones que pueden ser prometedoras" porque la crisis terminará y el sistema financiero español resulta "interesante" por su proyección en otras regiones del mundo como América Latina.
"Puede interesar a los inversores que quieran apostar a largo plazo", señalan las fuentes.
El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha rechazado de plano la posibilidad de que el Gobierno cierre algunos bancos en el marco de la reestructuración financiera, ya que lo que se hará tras recibir la ayuda será "algo muy parecido" a lo que se ha hecho hasta ahora desde el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
