La Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación, inició la bautizada como 'Operación Pócima' tras la denuncia de la Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. La administración autonómica había detectado que en cinco residencias de Cádiz se estaba haciendo uso de las tarjetas sanitarias cuyos titulares eran ancianos que ya habían muerto.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se encargó de realizar las investigaciones para esclarecer los hechos. Fueron contrastados los datos, las fechas y las partidas de defunción, así como los medicamentos y diversos productos sanitarios que se habían adquirido fraudulentamente.
Una vez recabadas las pruebas pertinentes, se citó a declarar a los directores de los geriátricos implicados en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, quienes finalmente fueron imputados por un delito de estafa y puestos a disposición de los Juzgados de Guardia de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y San Fernando, localidades en las que se encuentran las residencias geriátricas.
La investigación continúa abierta y no se descarta que se lleven a cabo nuevas imputaciones en los próximos días.
