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La Audiencia Provincial de Madrid ha dado prácticamente por cerrada la operación Galgo. No sólo en lo referente a Marta Domínguez, cuyas culpas ya habían sido descartadas por la juez, sino en el caso del resto de los imputados. En un auto conocido este jueves, la Audiencia declara "la nulidad del auto inicial de intervenciones telefónicas (...), de los autos de prórroga y nuevas intervenciones telefónicas (...), de los autos y diligencias de entradas y registros domiciliarios (...), de las informaciones obtenidas con las vigilancias policiales (...), de los autos autorizando la obtención de información patrimonial y bancaria (...) y de las declaraciones de los imputados". Es decir, prácticamente deshoja el sumario y los despoja de pruebas que incriminasen a los implicados.

Poco importaría qué supuestos delitos cometiesen o confesasen. Todo quedaría invalidado por un error de principio. El auto de la Audiencia Provincial señala: "En conclusión, los agentes de la UCO [cuerpo de la Guardia Civil encargado de la investigación] solicitaron autorización judicial para la intervención de las comunicaciones telefónicas [de los sospechosos] y el juez accedió a ella, sin que existiese una previa investigación mínimamente consistente, sino en base a meras conjeturas y especulaciones centradas en generalidades, sin el más mínimo rigor indiciario de la comisión de un delito de dopaje deportivo". Aún más tajante es en otra argumentación: 'El rumor, el chismorreo o la habladuría no pueden considerarse como indicios de delito'

Claramente, la Audiencia señala los errores de la investigación, como ya informó EL MUNDO a principios del pasado año, cuando no había pasado ni un mes de la 'operación Galgo' (9 de diciembre de 2010). El auto inicial de la Guardia Civil, en efecto, acumulaba recortes de wikipedia, entrevistas con 20 años de antigüedad y sospechas sin refrendo a partir de los seguimientos o de la investigación. No obstante, un juez, Santiago Torres, cuando estaba de guardia, accedió a la petición de la UCO y autorizó unas escuchas que sí dieron resultado, pero que estaban amenazadas por los defectos en el origen, como ha venido a confirmar la Audiencia Provincial, hasta el punto de dejar casi enterrada la 'operación Galgo'.