Un total de 5.000 camiones esperan en la frontera de La Jonquera para poder pasar a Francia, según desveló hoy el secretario general de Interior, Joan Boada. El alto cargo del Gobierno de la Generalitat justificó de este modo el hecho de que se está obligando a aparcar a los camiones que se dirigen a Europa en zonas habilitadas de la propia población limítrofe y en Montmeló, cerca de Barcelona.

El gobierno central también ha comenzado a parar vehículos en Huesca y Castellón para evitar colapsos en las vías que se dirigen hacia las fronteras. El motivo no es otro que, aunque las carreteras de Cataluña están ya despejadas, el Gobierno francés mantiene intransitables las vías del sur de su país: la autopista AP7, por ejemplo, sólo tiene habilitado un carril para circular, lo que provoca colas de hasta 19 kilómetros en la parte catalana.

Fuentes del Gobierno manifestaron a este diario que el director del STC, Josep Pérez Moya, se reunió hoy con representantes de los transportistas para informarles de la situación y de los problemas con que se pueden encontrar en el sur de Francia

Según datos del Servei Català de Trànsit (STC), la normalidad de la circulación sólo depende de las decisiones que tome el Gobierno francés. La red viaria catalana está normalizada en su mayor parte, aunque aún hay zonas que están incomunicadas, especialmente en la provincia de Girona. En total, los tramos afectados en Cataluña son 61, aunque sólo hay 14 vías cortadas. En cuando al transporte ferroviario, la situación se va normalizando poco a poco. Las líneas de Cercanías están ya casi restablecidas y los trenes de media distancia en dirección Girona-Barcelona funcionan con menos vagones de los habituales y sólo falta restablecer la circulación entre Figueres y Portbou. Por contra, los servicios de larga distancia que enlazan Barcelona con Francia no circulan debido a la falta de suministro eléctrico.

Según Interior, unos 100.000 abonados gerundenses siguen sin fluido eléctrico, aunque se espera que la mitad de ellos tengan ya luz esta misma tarde. En este sentido, el Gobierno autonómico fue efectivo: desde principios de la nevada, repartió 50 grupos electrógenos por todo el territorio, esencialmente para dar servicio a hospitales, residencias de ancianos y escuelas. Según Boada, Endesa admitió que la red de media tensión se había “reventado” en Lloret. “Esta situación no es imputable al Gobierno ni a la gestión de emergencias”, se justificó Boada.

Sin embargo, tiene razón a medias: la zona norte de Cataluña está expuesta a catástrofes similares porque sólo depende de dos líneas eléctricas que llevan el suministro desde el sur. Al no haber interconexión con Francia -tal y como ordenó la UE-, un fallo en cualquiera de ellas sobrecarga a la otra y se produce el apagón. Pero es precisamente ICV, el partido que detenta Interior, el que se ha opuesto reiteradamente a establecer la conexión con la red eléctrica francesa, aduciendo motivos ecológicos, e incluso el propio Boada encabezó manifestaciones en contra de la interconexión.

La situación también se va normalizando en el sector de la educación. En el día de hoy, no han podido asistir a clase más de 24.000 alumnos en las comarcas de Girona, aunque faltan por contabilizar los de otras comarcas en el Pirineo o pre Pirineo. Al sur de Barcelona, en el Baix Llobregat, hay varias escuelas cerradas y en el Alt Penedès otros 11 colegios han dejado sin clase a unos 800 alumnos. Estas cifras, no obstante, son sensiblemente inferiores a los 215.000 estudiantes que se vieron afectados ayer.

Los partidos políticos, por su parte, aunque critican la gestión deficiente del Gobierno en una situación de emergencia como la que hubo desde el lunes por la tarde -fue la peor nevada desde hace casi 50 años-, no llevarán las cosas a más. Sólo la presidenta del PP, Alicia Sánchez-Camacho, pidió la dimisión del consejero de Interior, Joan Saura, por la “desastrosa gestión” que realizó el Ejecutivo catalán. Pero Convergència i Unió (CiU), aunque reconoció fallos, no consideró oportuno llegar hasta ese extremo.

Saura es criticado por la oposición debido a que el domingo viajó a Mallorca para participar en un encuentro entre representantes de todas las comunidades que han reformado sus estatutos. El lunes a mediodía, poco antes de comenzar el temporal, sin embargo, ya se encontraba en Barcelona.

La cooperante catalana Alicia Gámez, secuestrada en Mauritania por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) desde el pasado 29 de noviembre junto a otros dos miembros de la ONG Barcelona Acció Solidària, vuela ya rumbo a Barcelona después de haber sido trasladada en avión a la capital de Burkina Faso, Uagadugú, según ha confirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Gámez vuela en compañía de su hermano, un médico, un psicólogo y la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez. La llegada está prevista a las 17.10 horas.

La catalana abandonó el bastión de los salafistas en el desierto malí, en la región norteña de Kidal, durante esta madrugada y esta mañana ha despegado desde la vecina Gao, a 400 kilómetros, hasta Uagadugú, adonde llegó a última hora de la mañana. También desde Gao partió hace dos semanas hacia Bamako -tras ser canjeado por cuatro presos salafistas encarcelados en Mali- el rehén francés Pierre Camatte, raptado en la malí Menaka el pasado 25 de noviembre.

Antes de la rueda de prensa de De la vega, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un aparte en el Congreso con diputados catalanes, ha optado por no confirmar ni desmentir el pago del rescate, argumentando que hay informaciones que sólo deben comentarse en la Comisión de Secretos Oficiales.

Además, el jefe del Ejecutivo les ha transmitido que el fin del secuestro de los otros dos cooperantes catalanes, Albert Vilalta y Roque Pascual, "va por buen camino", aunque explican que el presidente no ha querido aventurar fechas y ha optado por no confirmar ni desmentir el pago del rescate, argumentando que hay informaciones que sólo deben comentarse en la Comisión de Secretos Oficiales.

Tras conocer la liberación de Gámez, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha calificado de "muy buena noticia" y ha dicho que, por la información de la que dispone el Gobierno, la cooperante "está bien" de salud.

Alicia Gámez ha sido recibida en Uagadugú por Soraya Rodríguez, que voló anoche hasta Burkina, de donde es natural Kaouburee, mujer del secuestrado italiano Sergio Ciccala, todavía en manos de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Burkina Faso ha jugado un papel primordial en la liberación de Gámez y la de Kaouburee, a la que según fuentes cercanas a la negociación se le dio ya la posibilidad de abandonar su cautiverio hace semanas. Opción que "en ese momento rechazó para permanecer con su marido".

Gámez fue secuestrada el pasado 29 de noviembre en una carretera a 170 kilómetros de la capital mauritana, Nouakchott, cuando recorría el país junto a un grupo de voluntarios con una caravana solidaria de la ONG Barcelona Acció Solidaria.

Rodríguez y la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se desplazaron el martes hasta Barcelona para hacer llegar la noticia a la familia de Gámez y de los otros dos catalanes que fueron secuestrados junto a ella, Albert Vilalta y Roque Pascual.

Ambos -además del italiano Sergio Ciccala-, no podrán sin embargo dejar atrás todavía el escondite de los salafistas en el desierto del norte de Mali, del que ha hecho la filial de Osama Bin Laden en el Magreb una de sus principales bases de operaciones y entrenamiento.

Su liberación sigue perfilándose como complicada al haberse hecho públicas el pasado viernes, según fuentes cercanas a la negociación, las nuevas reclamaciones de los terroristas, que habrían sumado a sus peticiones económicas para dejar libres a los españoles también su canje por un grupo de presos salafistas encarcelados en la vecina Mauritania. Un país que se ha negado en varias ocasiones en las últimas semanas a ceder al chantaje de los radicales y negociar con los terroristas.

El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, afirmó este martes que las entidades financieras "nunca recuperarán" el 30% de la deuda que ha contraído con ellas el sector inmobiliario, y que asciende a unos 97.500 millones de euros.

Según la Asociación Hipotecaria Española (AHE), las promotoras inmobiliarias adeudan a la banca un total de 325.000 millones de euros, de los que la mitad corresponde a préstamos para la compra de suelo.

Gómez Navarro explicó en un encuentro con los medios que "será difícil" saber cuándo se recuperará el resto de la deuda. Respecto a las pérdidas sufridas por las inmobiliarias, señaló que las promotoras "no se van a resarcir porque no están bajando los precios".

A finales del pasado enero, el presidente de la AHE, Santos González, aseguró que los bancos y cajas no tienen capacidad para asumir la deuda de las inmobiliarias, por lo que la viabilidad de este sector está en juego y pone también en peligro al sector financiero. La ministra de Economía, Elena Salgado, afirmó entonces que el Ejecutivo "no tiene previsto" ayudar a la banca si las inmobiliarias no pagan.

Al analizar la actual situación del sistema financiero español, Gómez Navarro señaló que "nunca se ha querido reconocer que está tocado" e insistió en la necesidad de que se lleve a cabo "una capitalización". Asimismo, indicó que el tiempo "se agota" para aprovechar la aprobación de Bruselas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en vigor hasta el 30 de junio.

En sus previsiones para el primer semestre de 2010, Gómez Navarro aseguró que muchos bancos "entrarán en números rojos" a causa de la caída de ingresos como consecuencia de la bajada del Euríbor.

Acerca de una de las medidas propuestas por el Gobierno para combatir la crisis, que contempla la posible administración por parte de un único banco de los préstamos directos del ICO a las pymes, opinó que será "difícil" porque "podría utilizarlos para sanear su propio balance financiero".

Añadió que esta medida "tiene buenas intenciones, pero problemas muy serios de articulación para conseguir que se lleve a la práctica". Además, pidió que los créditos del ICO "se desbloqueen para dar recursos a las empresas con problemas, y no se destinen a las instituciones públicas para que compitan en el mercado interno".

Por otro lado, el presidente de las Cámaras reconoció que no es fácil evaluar el efecto que tendrá la subida del IVA anunciada por el Gobierno sobre los precios y en qué porcentaje. En su opinión, puede tener "consecuencias muy distintas" si las empresas asumen el alza impositiva en sus márgenes o si, por el contrario, la trasladarán a los precios. Según Gómez Navarro, "la crisis ya ha tocado fondo, pero es muy difícil predecir cuándo va a comenzar la recuperación."

También destacó que la salida de la recesión pasa por "impulsar la sociedad civil para lograr que los ciudadanos desarrollen actitudes muy activas". Por eso defendió la campaña "Esto sólo lo arreglamos entre todos" iniciada por las Cámaras y en la que han participado 19 empresas, y que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, no estará en el Pleno que decidirá sobre la suspensión del juez Baltasar Garzón. Así lo ha anunciado a la Comisión Permanente del órgano de los jueces, que ha decidido dejar en suspenso las deliberaciones sobre el futuro del magistrado de la Audiencia Nacional.

Antes de tomar una decisión, la Comisión tiene que decidir sobre la recusación planteada por Garzón contra el vicepresidente Fernando de Rosa y la vocal Gema Gallego, adscritos ambos al ala más conservadora del Consejo. En su escrito remitido a la Comisión Permanente, Robles niega “categóricamente” que exista “enemistad manifiesta”, tal y como planteó el juez.

“No acierta a comprenderse que Garzón, que siempre ha proclamado el rigor fáctico y jurídico de sus actuaciones, funde ahora sus alegaciones en informaciones carentes de veracidad que ni se corresponden con la realidad, ni se basan, ni pueden hacerlo, en certificaciones o acuerdos motivados en forma por el Consejo”, destaca la vocal.

Así, ha decidido apartarse de manera voluntariamente para que “no pueda ponerse en cuestión” su objetividad ni que su intervención en el Pleno “pueda servir de pretexto para cuestionar las actuaciones judiciales que se están tramitando con total independencia e imparcialidad”.

El próximo día 24, es previsible que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial decida sobre las recusaciones de los otros dos vocales. Aun así, el propio De Rosa ya anunció públicamente que el órgano de los jueces no tiene intención de decidir sobre la suspensión de Garzón –solicitada por los abogados Mazón y Panea- hasta que la Sala del Tribunal Supremo no resuelva el recurso del magistrado contra el auto de Luciano Varela en el que atribuye atribuye al juez un delito de prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal), castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo.

Robles fue subsecretaria del Ministerio de Justicia entre 1993 y 1994 cuando Garzón era delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, puesto del que dimitió coincidiendo con el nombramiento de la vocal como secretaria de Estado de Interior.

Según explica Robles en su escrito, varios medios de comunicación de la época dijeron que Garzón aspiraba al cargo de secretario de Estado de Interior, lo que determinó que abandonara la política y volviera a la Audiencia Nacional.

"Al igual que le ocurre a Garzón, cuando se refiere a mi supuesta enemistad hacia él, me cuesta dar crédito a semejantes consideraciones por más que no hayan sido desmentidas, y entiendo que no se corresponden con la realidad los comentarios de los medios respecto a que él hubiera pretendido ejercer la función pública que en mayo de 1994 yo pasé a desempeñar", añade Robles.

No obstante, la vocal cree que debe abstenerse por haber coincidido con el juez en el desempeño de funciones públicas, acogiéndose a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró que Garzón "hubiera debido abstenerse -lo que no hizo- en la instrucción de la causa 17/1989 seguida contra personas con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno".

Esa causa es la que se siguió contra, entre otros, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera por el secuestro de Segundo Marey.

Según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente -integrada además de por Robles, por el presidente del Consejo, Carlos Dívar, y por los vocales Almudena Lastra, Manuel Almenar y Antonio Dorado- ha acordado trasladar dicha petición a De Rosa y Gallego para que efectúen alegaciones en relación con su recusación, que será resuelta por el pleno.